El 18,85% de los cinco diputados que votará este viernes los dos decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, incluyendo el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene declarado en el Congreso que obtiene ingresos por el alquiler de viviendas, locales y fincas rústicas.
Según la relación de las últimas declaraciones de bienes aportadas por sus señorías, y recogida por Europa Press, 65 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura o durante la misma que reciben ingresos por arrendar sus viviendas, lo que supone casi la quinta parte.
Por grupos parlamentarios, de los 137 diputados que integran el PP un 22% (30 señorías) reciben ingresos por el arrendamiento de sus propiedades.
Entre ellos se encuentran los parlamentarios que más ingresos declaran percibir, con rentas que van desde los 19.000 a los 36.000 euros anuales.
En el Grupo Socialista, por su parte, de los 121 parlamentarios que lo componen, un total de 17 (el 14,09%) cobran un ingreso adicional por el alquiler de sus propiedades y, en su caso, la horquilla más alta va de los 11.000 a los 13.000 euros al año.
Por su parte, el porcentaje de diputados de Vox que perciben dinero por sus arriendos es del 28,12%, esto es, nueve de sus 32 parlamentarios (tras la expulsión de Javier Ortega Smith), superando así a los porcentajes de los dos grupos mayoritarios.
Sin embargo, proporcionalmente es Junts el que cuenta con más arrendadores en sus filas.Así, de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont tres (42,85%) reciben dinero por el alquiler de sus viviendas o locales, y otra es dueña de una empresa dedicada a organizar eventos y la promoción inmobiliaria.
Les sigue el grupo parlamentario de Bildu, donde dos de sus seis diputados (el 33,33%) declara tener alguna de sus propiedades alquilada, y el del PNV, del que sólo uno de sus cinco diputados dice recibir rentas por alquiler (20%).
Una proporción superior a la que se da en el grupo plurinacional de Sumar, donde sólo dos de sus 26 parlamentarios tienen viviendas o locales arrendados (el 7,69%).
Grupos sin señorías arrendadores
De los nueve grupos que conforman el arco parlamentario sólo hay uno cuyos diputados no tiene ninguna de sus propiedades en alquiler.
Se trata de Esquerra Republicana (ERC), que cuenta con siete diputados en sus filas. Tampoco hay rentistas entre los diputados de Podemos, BNG, CC y Compromís.
Feijóo, Sánchez, Puente y Bolaños
Por último, de los cuatro grandes líderes nacionales, sólo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, declararon en 2023 tener viviendas alquiladas por las que el primero dice recibir 12.845 euros al año y el segundo, 5.584 euros.
En este listado también aparecen dos ministros que comunicaron al Congreso haber recibido rentas por alquiler, el titular de Transportes, Óscar Puente, que declara 2.656 por la renta de un apartamento; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que dice haber percibido 11.797 euros por el alquiler de un piso
Sánchez incumple la ley: su gabinete votó dos decretos ley sin haberlos redactado.
La falta de escrúpulos a la hora de infringir la ley se ha convertido en una práctica habitual del gobierno de Pedro Sánchez.
El último incidente ocurrió este martes 29 de septiembre. El Consejo de Ministros aprobó dos decretos reales sobre vivienda —o al menos, eso es lo que indicaba la página web oficial del Palacio de la Moncloa—. Al mediodía, la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez García, no pudo explicar los decretos , admitiendo ante la prensa que no disponía de la última versión de los textos . Los socios parlamentarios del gobierno se impacientaban al no recibir la letra pequeña del acuerdo. A las 22:00 horas, Antena 3 informó : « El Gobierno aún no ha redactado los decretos de vivienda aprobados, y sus socios están a la espera de recibirlos ».
Estamos presenciando otra irregularidad más por parte de un gobierno que muestra la odiosa costumbre de burlar la ley. En este caso, el artículo 26 de la Ley 50/1997 sobre el Gobierno establece el procedimiento para la aprobación de un decreto real ley:
1. Su redacción deberá ir precedida de los estudios y consultas que se consideren apropiados para garantizar la solidez y legalidad del reglamento.
2. Se llevará a cabo una consulta pública a través del sitio web del departamento competente antes de la redacción del texto , recabando las opiniones de las partes potencialmente afectadas por la futura normativa y de las organizaciones más representativas sobre:
a) Los problemas que se pretenden resolver con la nueva normativa.
b) La necesidad y la oportunidad de su adopción.
c) Los objetivos del reglamento.
d) Posibles soluciones alternativas, tanto regulatorias como no regulatorias.
La propia ley estipula que el gobierno puede prescindir del proceso de consulta pública en una serie de casos; casos que, en realidad, dejan la decisión de omitir este paso completamente a su propia discreción, convirtiéndolo efectivamente en una excepción en lugar de la norma.
Además, la ley exige que el organismo administrativo competente elabore un «Informe de Análisis de Impacto Regulatorio» obligatorio que evalúe, entre otras cosas, la «idoneidad de la propuesta y las alternativas regulatorias consideradas, una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no adoptar ninguna regulación «, y un análisis jurídico «con referencia al derecho nacional y de la Unión Europea, que debe incluir una lista detallada de las regulaciones que se derogarán como resultado de la entrada en vigor de la nueva norma».
La ley también establece que » cuando la norma afecte los derechos e intereses legítimos de las personas, el organismo administrativo competente deberá publicar el texto en el sitio web correspondiente para dar voz a los ciudadanos afectados y recabar información adicional de otras personas o entidades». Este es otro requisito que los dos decretos aprobados ayer no cumplieron .
Sin embargo, lo que nos interesa de los sucesos de ayer aparece en el punto 8 del artículo citado: «Una vez concluidas las formalidades previas, la propuesta se presentará a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación «.
Lo que presenciamos ayer fue una muestra de improvisación y falta de respeto a la ley : se redactó apresuradamente un decreto real para apaciguar a la extrema izquierda —sin consultar a los grupos afectados y eludiendo las obligaciones legales del gobierno— , para luego afirmar que el Consejo de Ministros había aprobado ambos decretos, cuando en realidad se trataba de dos medidas que ni siquiera se habían redactado . Esto es sumamente grave, dado que los textos aprobados por el Consejo de Ministros son los que deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto es tan irregular como votar una ley en el Congreso y posteriormente modificar su contenido sin que los diputados tengan la oportunidad de evaluar los cambios.
El gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a tratar las leyes vigentes como si su cumplimiento fuera opcional , como si las normas establecidas para prevenir abusos de poder fueran meros obstáculos que el gobierno pudiera sortear cuando le resultaran demasiado inconvenientes. Esto constituye un atentado contra el Estado de derecho , y todo ello para aprobar dos medidas que el propio gobierno admite que no resolverán nada, ni siquiera a corto o medio plazo , dado que el problema de la vivienda en España se debe principalmente a la falta de oferta provocada por los innumerables obstáculos burocráticos que dificultan la construcción.
Una situación provocada por el propio gobierno , que ha creado un entorno regulatorio asfixiante que impide dar respuesta a la alta demanda de vivienda, al tiempo que incumple la obligación impuesta a las autoridades públicas por el artículo 47 de la Constitución: regular «el uso del suelo de acuerdo con el interés general para prevenir la especulación».
Sánchez flouts the law: his cabinet voted on two decree-laws without having drafted them