Una carta manuscrita redactada desde prisión por Hugo Armando Carvajal Barrios, exjefe de la inteligencia y contrainteligencia militar del régimen chavista, recoge sus afirmaciones sobre el cobro habitual de comisiones en las ventas de armamento de España a Venezuela. El documento, al que ha tenido acceso The Objective, fue escrito durante su reclusión en la cárcel madrileña de Estremera, entre 2021 y 2023, mientras intentaba conseguir documentación sobre la presunta relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el caso Morodo.
El antiguo responsable de los servicios secretos venezolanos, conocido como El Pollo, se dirigía a un exalto cargo chavista que le había ofrecido esos archivos. En la misiva aceptaba comprarlos y subrayaba que los necesitaba con urgencia, pero introducía una condición: separar esa información de los contratos de adquisición de armas españolas. Carvajal sostenía que compradores y vendedores percibían comisiones, aunque rechazaba revelar datos sobre las prestaciones y la tecnología del material militar por considerar que afectaban a secretos de Estado.
La negociación para hacerse con los documentos llegó a concretarse, según las fuentes citadas por el medio. El exmilitar habría pagado por los archivos con la intención de respaldar sus declaraciones ante la Justicia y parte de ese material habría acabado en manos de fiscales e investigadores estadounidenses. La documentación se refería al caso Morodo, la causa relacionada con los pagos de la petrolera pública venezolana PDVSA que desembocó en la condena por delito fiscal del antiguo embajador español en Caracas, Raúl Morodo. La supuesta vinculación de Zapatero con esos hechos es la que Carvajal pretendía documentar.
El contenido de la carta conecta con las manifestaciones que el exdirigente chavista realizó ante la Audiencia Nacional durante su procedimiento de extradición a Estados Unidos, en 2021. Entonces aseguró disponer de información sobre las comisiones y mencionó a José Bono y Miguel Ángel Moratinos como posibles beneficiarios, sin aportar documentos que sustentaran esas acusaciones. El periódico atribuye sus reservas a entregar pruebas sobre las operaciones militares al temor de exponerse a una acusación por revelación de secretos de Estado.
La vertiente económica de aquellos contratos ya había sido objeto de una investigación judicial en España. Según la información publicada, 42 millones de euros fueron canalizados como comisiones a través de Rebazve Holding, una sociedad que recibió el dinero en Suiza y posteriormente lo repartió entre distintos destinatarios. Entre ellos figuraban Javier Salas, antiguo presidente del Instituto Nacional de Industria, y Antonio Rodríguez-Andín, expresidente de la Compañía Trasatlántica Española. Ambos fueron investigados junto con Juan Pedro Gómez Jaén, que presidía Navantia cuando se cerró la operación.
La Audiencia Nacional archivó el procedimiento el 12 de enero de 2021. De acuerdo con el relato sobre aquella resolución, el tribunal constató los pagos, pero fundamentó el sobreseimiento en que las comisiones no habían salido del Tesoro público español. Al menos 12 millones habrían llegado a Salas y Rodríguez-Andín, mientras que el resto se habría distribuido entre ciudadanos venezolanos mediante sociedades en distintas jurisdicciones, sin que pudiera reconstruirse por completo el destino final del dinero.
El origen del negocio estaba en las negociaciones impulsadas durante el Gobierno de Zapatero para vender a Venezuela 12 aeronaves militares y ocho buques, con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de euros. Bono intervino como ministro de Defensa y Morodo participó desde la Embajada en Caracas. La oposición de Washington alteró el acuerdo: los aviones incorporaban tecnología estadounidense cuya transferencia requería autorización, lo que terminó dejando las aeronaves fuera de la venta. También hubo que sustituir componentes de los barcos para completar el suministro naval.
Tras esos cambios, el contrato quedó cifrado en 1.207 millones de euros. Sin embargo, según la documentación que el periódico atribuye a la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, Caracas habría desembolsado 1.249 millones. La diferencia de 42 millones constituye el núcleo de las pesquisas sobre las comisiones. La carta de Carvajal aporta ahora su testimonio escrito sobre esas prácticas, aunque por sí sola no acredita quiénes fueron todos sus beneficiarios ni respalda documentalmente las acusaciones que formuló contra antiguos miembros del Gobierno español.
Una de las diligencias se centra en 213.000 euros enviados en trece transferencias a Kraken
El juez Pedraz estrecha el cerco sobre la corrupción del PSOE: pide a Portugal e Irlanda que rastreen el dinero del ‘caso hidrocarburos’
La investigación del caso hidrocarburos se extiende a Portugal e Irlanda. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado la colaboración de ambos países para esclarecer el recorrido del dinero presuntamente sustraído a Hacienda mediante un fraude de IVA superior a 180 millones de euros. Entre los investigados figuran el empresario Víctor de Aldama y Claudio Rivas, propietario de Villafuel.
Una de las diligencias se centra en 213.000 euros enviados en trece transferencias a Kraken, una plataforma de intercambio de criptoactivos, desde una cuenta de inversión portuguesa. El juez ha remitido una orden europea de investigación a Irlanda para obtener información sobre estas operaciones. La documentación descrita no permite determinar cuál fue el destino posterior de esas cantidades.
La solicitud más extensa se dirige a Portugal, donde Anticorrupción sitúa la recepción de unos 78 millones de euros procedentes de cuentas españolas. Los investigadores sospechan que sociedades portuguesas cuyos administradores estarían bajo el control de los principales implicados recibían dinero del presunto fraude tributario. Una parte mayoritaria habría regresado después a España para financiar compras de bienes por los supuestos responsables de la red.
Para reconstruir ese recorrido, Pedraz reclama información sobre las nuevas cuentas localizadas y sobre aquellas que recibieron transferencias de las suministradoras investigadas o de otras empresas portuguesas. El requerimiento incluye los datos bancarios de E.F Iber Combustiveis, una mercantil que la Fiscalía vincula con Claudio Rivas. Las pesquisas buscan identificar el destino final del dinero y comprobar las sospechas de blanqueo mediante su traslado y transformación.
El magistrado también ha requerido documentación a las sociedades Armería Argali y Cacera Concejo. Esta última está administrada por Luis Alberto Escolano, identificado por Anticorrupción como socio de Aldama. Estas diligencias se incorporan a una instrucción que examina cómo habría operado una estructura empresarial dedicada a cobrar el IVA de las ventas de carburante sin ingresarlo posteriormente en las arcas públicas.
Según la hipótesis investigadora, la red recurría a sociedades pantalla para dificultar las reclamaciones tributarias y trasladaba parte de los fondos al extranjero. La causa también indaga en presuntos sobornos a cargos públicos para obtener la licencia de operador de Villafuel, una de sus conexiones con el caso Koldo. Las responsabilidades individuales y el destino de las cantidades investigadas siguen pendientes de esclarecer.
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