La invasión de Ceuta se está cronificando y la tensión va en aumento cada día sin que el Gobierno haya logrado encauzar la situación. Entre 8.000 y 10.000 invasores continúan malviviendo en las calles de la ciudad autónoma en condiciones precarias y algunos de ellos han comenzado a protagonizar incidentes violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras los hurtos, robos y otros delitos siguen creciendo.
Enfrente, grupos de vecinos cansados de la situación también han comenzado a tomarse la justicia por su mano y han desmantelado por la fuerza campamentos de inmigrantes instalados en las playas e, incluso, han prendido fuego a carpas y chabolas, obligando a la Policía a realizar cargas y disparos disuasorios para dispersarlos.
El Ministerio del Interior ha desplegado a más de 400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana en Ceuta, y Defensa también ha movilizado al Ejército, que realiza labores de apoyo y disuasión. Sin embargo, tanto militares como agentes denuncian que apenas tienen margen de maniobra para atajar la creciente violencia en la ciudad.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el ataque que sufrió este jueves de madrugada un vehículo de las Fuerzas Armadas en la zona de Benzú, donde cuatro militares resultaron heridos tras ser apedreados por una treintena de inmigrantes, que les tendieron una emboscada. Doce de los agresores, todos de nacionalidad marroquí, han sido detenidos, pero varias asociaciones militares han denunciado la “desprotección” que sufren los miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen muy limitada su capacidad de respuesta al no tener competencias para ejercer funciones de seguridad ciudadana.
En ese sentido, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido al Gobierno que permita a los soldados hacer uso de la fuerza “proporcionada” ante situaciones de “desprotección”. Y recuerda que los militares, en la práctica, carecen de un marco claro que les permita ejercer la fuerza con los medios adecuados y de forma proporcionada cuando se producen agresiones o situaciones de riesgo inminente para su integridad física o la de terceros.
Así, ha exigido garantizar que los soldados puedan usar la fuerza en situaciones de legítima defensa, al amparo del artículo 20.4 del Código Penal y a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. También pide clarificar el marco jurídico y operativo de actuación de las Fuerzas Armadas cuando prestan apoyo a las fuerzas de seguridad para evitar la actual “ambigüedad” que genera inseguridad jurídica y “pone en riesgo” a los efectivos.
La asociación considera imprescindible asegurar que “ninguna” orden o instrucción impida el ejercicio legítimo del derecho a la defensa propia o de terceros cuando exista agresión ilegítima actual o inminente. De forma paralela, ha pedido equipamiento de protección individual y los medios adecuados para la seguridad de los soldados, además de adiestramiento específico para este tipo de escenarios.
En la misma línea, la Unión de Militares de Tropa (UMT) considera inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional “mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar”. A su vez, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) considera “imprescindible” que el Ministerio de Defensa revise “de manera urgente” los protocolos de despliegue, los medios asignados y la coordinación con el Ministerio del Interior para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.
La Policía Nacional pide ampliar las Unidades de Prevención y Reacción (UPR)
Policía Nacional y Guardia Civil sí tienen las competencias en materia de seguridad ciudadana, pero los agentes también denuncian indefensión y falta de un marco regulatorio claro a la hora de hacer uso de la fuerza después de que un guardia civil fuera de servicio fuera agredido el pasado domingo por un grupo de inmigrantes en una gasolinera. Dos de los agresores fueron detenidos y ya han ingresado en prisión provisional.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han aplaudido esa decisión judicial y exigen “mano dura” contra los responsables de cualquier agresión contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Defienden que las personas que ataquen a quienes desempeñan labores de seguridad deben afrontar las consecuencias legales correspondientes y reclaman medidas que eviten la repetición de estos episodios.
Por su parte, el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, que también ha denunciado que algunos agentes han resultado heridos en diversos incidentes, ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Policía la ampliación de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) con la creación de un nuevo grupo operativo en Ceuta y otro en Melilla, así como la puesta en marcha de una UPR Central, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que permita disponer de una capacidad de respuesta inmediata ante desplazamientos imprevistos derivados de situaciones de especial gravedad en materia de seguridad u orden público.
La Guardia Civil pide calma a los ceutíes
AUGC también reclama al Gobierno una respuesta “contundente” para frenar la escalada de violencia que, a su juicio, se está registrando en Ceuta desde el inicio de la avalancha invasora. La asociación de guardias civiles detecta un contexto de creciente tensión social y señala que, además de los miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército, varios profesionales de medios de comunicación han denunciado en las últimas semanas insultos, empujones y agresiones mientras desarrollaban su labor informativa.
Según AUGC, el prolongado impacto de la invasión está generando una creciente sensación de inseguridad entre la población, lo que ha llevado a vecinos de distintas barriadas a organizarse a través de grupos de mensajería ante lo que consideran una falta de respuesta institucional.
Pese a ello, la organización ha realizado un llamamiento a la calma y ha pedido a la ciudadanía que permita trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las que considera fundamentales para mantener el control de la situación sobre el terreno.
La asociación también ha reiterado su demanda de refuerzos humanos y materiales para Ceuta, al considerar que los recursos actuales resultan insuficientes para afrontar una situación que se prolonga desde hace semanas. En todo caso, AUGC ha expresado su apoyo a la población ceutí y ha insistido en que la ciudad necesita una mayor implicación de las administraciones para hacer frente a una crisis que continúa generando una elevada presión sobre los servicios públicos y los dispositivos de seguridad.
Cómo la respuesta de Canadá a los nuevos aranceles de EE.UU. pone a prueba los límites del poder de Trump
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- Autor,Anthony Zurcher
Dos días antes de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá fracasaran estrepitosamente, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró ante los asistentes a un evento de recaudación de fondos privado que el primer ministro canadiense, Mark Carney, era un «tipo muy amable».
En una grabación de audio que fue filtrada por la agencia Canadian Press, Vance supuestamente continuó diciendo que Carney «entra, saca pecho y dice: ‘Voy a ser más duro que Donald Trump'».
Describió ese enfoque como «hilarante» porque, al final, los canadienses «terminan cediendo en muchos temas».
Quizás esos comentarios, que tuvieron gran repercusión en Canadá, no fueron la causa directa de que los diplomáticos de Carney hicieran las maletas y regresaran a casa durante el fin de semana. Pero sin duda no ayudaron.
Carney decidió poner fin a las negociaciones sobre un nuevo acuerdo comercial y con ello se inició otra ola de imposición de aranceles entre dos países vecinos que tienen un comercio bilateral anual de más de US$872.000 millones.
La grave y creciente tensión, junto con los comentarios de Vance, son el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Trump está dispuesto a ejercer la fuerza en el escenario global contra amigos y enemigos por igual, poniendo de nuevo en evidencia las consecuencias potencialmente disruptivas de tales acciones.
Es más, si Trump pensó que los canadienses cederían ante la presión estadounidense —como muchos aliados de EE.UU. han hecho en los últimos 19 meses—, puede que se haya equivocado. Y las consecuencias de ese error podrían perdurar durante el resto de su presidencia.
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¿Por qué Trump tiene a Canadá en la mira?
Si bien la última ruptura llama la atención, la fricción entre EE.UU. y Canadá se remonta al primer gobierno deTrump y a las negociaciones que dieron origen al T-MEC, el acuerdo que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) de la década de 1990.
Y para complicar aún más las cosas, también surgieron enfrentamientos personales entre Trump y el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Mientras Trump se preparaba para regresar a la Casa Blanca a finales de 2024, empezó a hablar de Canadá como el «estado número 51» (de EE.UU.) y a referirse a Trudeau como su «gobernador».
Detrás de esos insultos subyacía una perspectiva geopolítica que posicionaba a EE.UU. principalmente como una potencia hemisférica con derecho a ejercer influencia política, militar y económica sobre la región, y eso, sin duda alguna, incluía a Canadá.
Los funcionarios del gobierno estadounidense consideraban que Canadá contribuía demasiado poco a la defensa regional, al tiempo que se beneficiaba desproporcionadamente del comercio con su vecino del sur.
En la visión del mundo de Trump, donde la seguridad económica y la seguridad nacional están intrínsecamente ligadas, Canadá y México, dos de los socios comerciales más importantes de EE.UU., se convirtieron en objetivos obvios desde el principio.
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Por eso el presidente de Estados Unidos dijo que también quería apoderarse de Groenlandia.
«Si escuchas a cualquier persona en los Departamentos de Estado, Hacienda o Comercio, oirás la frase ‘la seguridad económica es seguridad nacional'», dijo Drew DeLong, jefe de estrategia política corporativa en el centro de estudios Kearney Foresight.
Sin embargo, a principios de este año, mientras las negociaciones comerciales norteamericanas avanzaban torpemente, la atención de Trump se desvió de Canadá hacia sus intervenciones militares en Venezuela y luego en Medio Oriente.
Aun cuando en todas las regiones, la línea central de la estrategia internacional de Trump se mantiene constante: Estados Unidos es una potencia dominante capaz de imponer su voluntad en beneficio nacional.
El poder de Trump puesto a prueba por Canadá e Irán
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Pero el poder no es ilimitado. Durante el segundo mandato de Trump se han puesto constantemente a prueba esos límites y, en ocasiones, eso ha resultado en lecciones para descubrir exactamente dónde se encuentran.
Si bien existen diferencias evidentes entre una guerra abierta en Irán y una disputa comercial con Canadá, las lecciones no son muy distintas. En ambos casos, Estados Unidos se enfrenta a un adversario que, a pesar de tener mucho menos poderío militar, conserva los medios para tomar represalias.
Para Irán, esa ventaja reside en atacar a los aliados de Estados Unidos e interrumpir el comercio mundial amenazando puntos estratégicos marítimos como el estrecho de Ormuz.
Canadá, por su parte, comienza a poner a prueba su capacidad para infligir daño económico, y los aranceles selectivos anunciados este martes constituyen un primer paso.
Entre las medidas futuras podrían estar la restricción del acceso de Estados Unidos a la energía y los minerales críticos canadienses, además de boicots de consumidores a productos estadounidenses.
«A medida que el mundo se adentra en un escenario de mayor seguridad económica, se observa cómo este juego de puntos estratégicos y oportunidades de negociación continúa desarrollándose a lo largo de las cadenas de suministro», afirmó DeLong. Los países solo tienen que estar atentos, añadió.
Por el momento, las vías de escape son escasas. Trump ha intensificado su retórica, acusando repetidamente a Canadá de «estafar» a Estados Unidos, mientras que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, le respondió diciéndole al presidente estadounidense que «se fuera al diablo».
«Creo que cada vez que alejamos a nuestros aliados y socios, los incentivamos a buscar nuevas relaciones y nuevas alianzas en lugar de intentar ceder a las exigencias de Estados Unidos», dijo Imran Bayoumi, subdirector de la Iniciativa de Geoestrategia del Atlantic Council.
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Aun así, todavía hay margen para que prevalezca la sensatez. Los nuevos aranceles de Canadá entrarán en vigor en dos semanas, mientras que la represalia estadounidense más significativa —un arancel del 50 % sobre los vehículos y autopartes fabricados en Canadá— no se aplicará hasta principios de 2027.
Como en cualquier conflicto, ya sea económico o militar, un ciclo de escalada puede ser difícil de romper. Sin embargo, el margen de varios meses antes de la próxima oleada de aranceles estadounidenses brinda a los negociadores la oportunidad de retomar las conversaciones. Hasta el viernes por la noche, estas mostraban cierto progreso.
Un dilema para Carney y Canadá
Un plazo aún más apremiante son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre. Una victoria demócrata en el Congreso podría limitar significativamente la autoridad de Trump, o un éxito republicano inesperado podría fortalecerlo aún más.
Por el momento, Ottawa parece contenta de apostar por el primer resultado, calculando que el temor a una derrota aplastante en estados industriales clave como Míchigan y Ohio obligaría a Trump a dar marcha atrás antes de que se emitan los votos.
«No creo que existan en Canadá las divisiones políticas internas que tal vez el gobierno de Trump hubiera previsto», dijo Bayoumi. «Creo que Carney tiene mucho margen de maniobra política para conseguir un buen acuerdo para Canadá y no conformarse con menos».
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Sin embargo, existe otra posibilidad que Carney ha manifestado públicamente desde que Trump regresó al cargo.
Canadá podría seguir distanciándose por completo de Estados Unidos, trazando un rumbo que amplíe deliberadamente la distancia entre ambas naciones. Como señaló Carney: «No podemos depender de las alianzas tradicionales cuando las reglas del juego han cambiado radicalmente».
Si bien la proximidad geográfica garantiza que ambos países seguirán interconectados, la profundamente integrada relación económica de las últimas décadas podría estar llegando a su fin.
En ese sentido, Canadá contrasta con México, que parece estar optando por una integración económica aún más estrecha con Estados Unidos. Mientras tanto, otros socios comerciales globales, incluidos los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, observan la resistencia firme de Canadá como un posible modelo para futuras relaciones con Trump.
«Dentro de diez años, esto se enseñará en las aulas», dijo DeLong. «Existen dos caminos que se bifurcan en Norteamérica, y la pregunta es: ¿volverán a unirse o continuará la división? Y si esto sucede, ¿quién se beneficiará más a largo plazo?».
Si los canadienses, supuestamente tranquilos, pueden hacer frente a su belicoso y poderoso vecino, otros podrían decidir que ellos también pueden lograrlo.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cp3kwd28dl5o