Los servicios de información no se han olvidado del enaltecimiento del terrorismo./La UCO valora en más de 750 millones de euros la corrupción del PSOE en los rescates de la SEPI

Pintada con el lema y los anagramas de ETA (Foto: Covite).Han pasado más de ocho años desde que ETA anunció su disolución, y casi 15 desde que proclamó el fin de “la actividad armada”. El terrorismo yihadista absorbe la atención de los servicios de información, pero estos no olvidan del todo los rescoldos sociales del terrorismo en el País Vasco y en Navarra.

El apoyo social persistente a ETA

ETA ya no asesina , secuestra ni extorsiona, tampoco entrena y organiza comandos y los envía a España para cometer atentados.

Sin embargo, la base social que durante décadas apoyó su actividad terrorista no deja de exaltar a los terroristas .

Registro de actos de apoyo a ETA en 2026

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( Covite ) ha registrado 129 actos de apoyo a ETA entre enero y junio de 2026.

Esta asociación cuenta con el Observatorio de la Radicalización , donde va sumando todos los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA.

Durante la primera mitad de este año, Covite detectó 44 manifestaciones a favor de la amnistía o excarcelación de los presos de ETA , 34 pintadas y pancartas de apoyo a ETA oa sus presos , 24 actos de exaltación en fiestas populares, 17 homenajes a etarras fallecidos, dos terroristas a homenajeados que continúan en prisión, un ‘ongi etorri’ público (recibimiento tras salir de la cárcel) a presos de ETA y siete actos de otro tipo.

Por territorios, 52 actos tuvieron lugar en Vizcaya, 50 en Guipúzcoa , 13 en Navarra, tres en Álava, siete en otras provincias y cuatro en el extranjero.

Respuesta de las administraciones ante la exaltación a ETA

¿Cuál es la respuesta de las administraciones ante estos actos de exaltación de los terroristas de ETA ? Sobre esa cuestión pidió explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez el parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso de los Diputados, Alberto Catalán .

Quiso conocer qué iniciativas ha adoptado el Gobierno de España en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo , relativo a la defensa del honor y la dignidad de las víctimas.

Posición del Gobierno en la lucha por la memoria de las víctimas

El Ejecutivo dio al diputado foralista una larga respuesta , a la que ha tenido acceso  El Chivato , en la que aborda distintos aspectos sobre lo que se puede denominar la lucha por la memoria de las víctimas del terrorismo, una vez desaparecida ETA.

“Los actos de apoyo a ETA y, dentro de ellos, los homenajes a terroristas y los actos de humillación a las víctimas del terrorismo tienen el firme rechazo del Gobierno de España”, que presume de haberlo manifestado en múltiples ocasiones, “ya ​​que atentan contra el conjunto de una sociedad que vio cómo la violencia terrorista quiso terminar con el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, y, sobre todo, porque humillan al colectivo de víctimas del terrorismo que sufrió de manera directa la sinrazón del terror”.

Limitaciones legales para sancionar actos de enaltecimiento

El Gobierno se aferra a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como a la del Tribunal Supremo , que limitan muchas las posibilidades de sancionar o prohibir manifestaciones.

Según la jurisprudencia sobre una directiva europea de 2017 , «para poder considerar delito a la luz de la directiva un acto de enaltecimiento del terrorismo , se exige además un riesgo de que puedan cometer actos terroristas . Y este riesgo, entiende la jurisprudencia, no cabe apreciarlo en las organizaciones terroristas que no están en activo».

Precisamente Covite ha lamentado en los últimos años que sus denuncias a los tribunales contra actos públicos de enaltecimiento del terrorismo no han tenido éxito.

Pero eso no quiere decir que el Gobierno tire la toalla del todo.

Seguimiento de actos ilícitos por servicios de información

“Se informa de que los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan a cabo una labor de seguimiento de todas aquellas actuaciones que pudieron ser constitutivas de las figuras delictivas tipificadas en el artículo 578 del Código Penal, esto es, el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas”, asegura el Ejecutivo.

Eso quiere decir que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la Jefatura de Información de la Guardia Civil , al menos, siguen vigilando casos de enaltecimiento del terrorismo de ETA y de humillación de las víctimas.

Compromiso del Gobierno con las políticas de memoria pública

Aun con las limitaciones legales, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura, por escrito, que “seguirá trabajando , sobre todo, en las políticas de memoria pública y en el rechazo a los homenajes a terroristas” .

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el-chivato/servicios-informacion-han-olvidado-enaltecimiento-terrorismo/202607010500001028584.html

La UCO valora en más de 750 millones de euros la corrupción del PSOE en los rescates de la SEPI

Comisión de investigación sobre el control de la SEPI en el Senado

Comisión de investigación sobre el control de la SEPI en el Senado

Los investigadores sospechan de un total de ocho empresas implicadas en la recepción de ayudas públicas, de manera arbitraria, de los fondos FASEE, durante la pandemia

La investigación judicial conocida como caso SEPI, que deriva de las ‘cloacas’ socialistas de la ‘fontanera’ Leire Díez, y la trama Hirurok, formada por ésta Vicente Fernández —expresidente de la entidad— y Joseba Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, se centra en la existencia de una presunta red de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y organización criminal para amañar contratos y ayudas públicas entregadas por la Sociedad Estatal y empresas dependientes de ella que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifran ya en más de 750 millones de euros defraudados.

No en vano, los agentes asignados a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, bajo la batuta del juez Santiago Pedraz, cuantifican dicho importe en, al menos, de 6 a 8 operaciones, presuntamente irregulares, que se orquestaron entre los años 2021y 2023, de las que el grupo Hirurok habría cobrado importantes ‘mordidas’ que habrían sido canalizadas, fundamentalmente, a través de sociedades interpuestas como la propia Servinabar o Mediaciones Martínez.

Así las cosas, las pesquisas hablan del rescate de Tubos Reunidos, que ascendió a un total de 112,8 millones de euros, la operación más suculenta que habría proporcionado una comisión de cerca de 115.000 euros ; la ayuda de Sepides, empresas vinculada, a Arapellet del Grupo Forestalia, por valor de 17,32 millones de euros, a cambio de una supuesta comisión de 200.000 euros; la polémica inyección de la aerolínea Plus Ultra, que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de 53 millones de euros; el contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la UTE Erri Berri-Afesa Medio Ambiente que ascendió 2,8 millones de euros; y, otros contratos menores como el de Mercasa a Servinabar; o, Enusa que supuso un pago al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes de hasta 17.500 euros.

 

Y es que cabe recordar que los tres presidentes que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha tenido durante las dos legislaturas de Pedro Sánchez, los tres están ya imputados. Son Vicente Fernández, Bartolomé Lora –actual vicepresidente– y, desde este pasado lunes, Belén Gualda, todos ellos nombrados por María Jesús Montero durante su etapa como vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda.

El holding estatal que participa mayoritariamente en 14 empresas, tiene una participación directa minoritaria en otras 10 e indirecta en más de un centenar, entre las que se encuentran gigantes como Indra, Redeia o Telefónica.

De ahí la relevancia de la reciente imputación de Gualda, por decisión del juez instructor Santiago Pedraz, dada su presunta intervención en varias operaciones. Incluyendo el polémico rescate, por 113 millones de euros, de Tubos Reunidos, compañía que se declaró el pasado cinco de mayo en concurso de acreedores, pese a haber recibido un importante impulso económico para garantizar su supervivencia.

Además, en el horizonte de la trama asoman, también, el rescate recibido por la compañía Air Europa, no tanto en el fondo del mismo, que no parece cuestionarse, sino en la forma en la que se obtuvo y las intervenciones que pudieron contribuir a agilizarlo, como denunció la empresaria Leonor González Pano quien, en el Supremo, durante las testificales del caso mascarillas, aseguró que el comisionista Víctor de Aldama le había confesado una visita junto a Koldo García Izaguirre a la casa de Javier Hidalgo, propietario de la aerolínea, para cobrar 500.000 euros en efectivo, como supuesto pago por las gestiones realizadas en Transportes para el rescate por valor de 475 millones de euros a la aerolínea, durante la crisis sanitaria.

Pero es que, además, las pesquisas dirigen hacia Duro Felguera, empresa que fue regada con nada menos que 120 millones de euros, en 2021, pese a que por aquel entonces ya se conocía que la Fiscalía investigaba a la mercantil, especializada en ingeniería y construcción industrial, por presunta de corrupción. Y es que, pese a incumplir el único requisito objetivo fijado por la UE para la recepción de fondos comunitarios, esto es: no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, la compañía obtuvo el favor de la SEPI, en marzo de 2021, durante la presidencia en funciones de Bartolomé Lora, tras la dimisión de Vicente Fernández, implicado en el caso Aznalcóllar. Tan solo unas semanas después asumiría el cargo la actual presidenta, ya investigada, María Belén Gualda.

https://www.eldebate.com/espana/20260701/uco-valora-750-millones-euros-corrupcion-psoe-rescates-sepi_434534.html

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