Plus Ultra desvió 15,95 millones de sus cuentas «hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales» tras aprobarse el rescate de 53 millones por parte de la SEPI.
De acuerdo con el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, estos traspasos empezaron a producirse a los pocos días de recibir el primer tramo del préstamo, de carácter ordinario y por valor de 19 millones de euros. La aerolínea fue incapaz de devolverlo en marzo, cuando vencía el plazo para hacerlo. La ayuda se aprobó el 9 de marzo de 2021 y entre el 18 de ese mismo mes y el 10 de agosto se hicieron transferencias al exterior por 5,9 millones, realizando el resto, otros 10 millones más, con posterioridad.
«Las cantidades recibidas han podido destinarse a fines espurios, constándose salidas de dinero muy significativas una vez recibida la ayuda pública, que permiten inferir una desviación planeada y consciente de cantidades hacia sociedades y entidades bancarias ajenas a los fines mercantiles aparentes de la aerolínea», asegura el juez.
Entre las sociedades investigadas figuran, entre otras, Allpa Wira Trading UK, Wailea Investmente LTD y V Alerial Corporation. Según el juez, «estas mercantiles se encuentran vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea, a través de Panacorp Casa de Valores, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited». La aerolínea reconoció que recurrió a varios préstamos puente a finales de 2020 y principios de 2021, justo antes de que se aprobara el rescate, asegurando que solicitó esa financiación porque el acceso al crédito bancario para el sector estaba cerrado durante la pandemia. Las transferencias, supuestamente, obedecerían así, según la empresa, a la devolución de estos créditos.
El juez señala que, según lo denunciado en 2024 por la Fiscalía Anticorrupción, la planificación de los hechos investigados se inició en torno al mes de marzo de 2020 para lograr la obtención del préstamo a Plus Ultra. Para ello se activó «una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a un nivel influyente menos expuesto públicamente, que pone de manifiesto la existencia de una organización criminal de carácter transnacional, estructurada de forma estable y con reparto de funciones».
Tráfico de petróleo
La investigación, por la que ha sido imputado ya el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha puesto además al descubierto un «plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados» y la existencia de una presunta organización criminal de carácter transnacional, a través de la cual se transformaban, ocultaban e integraban en el sistema financiero internacional fondos obtenidos en prácticas ilícitas. La finalidad, de acuerdo con la instrucción, era siempre el blanqueo de capitales.
En distintas anotaciones descubiertas en los registros se identifica a altos cargos del Estado venezolano y a empresas estatales, «directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel».
Los investigados, actuando de manera coordinada y siguiendo pautas comunes, habrían intervenido en la captación, transferencia, conversión y ocultación de dichos fondos, según la argumentación del juez. Estos delitos habrían tenido lugar en Venezuela y otros países, lo que avala la competencia de la Audiencia Nacional en estos hechos.
Investigación en Francia y Suiza
El sumario incluye un informe de la UDEF con la información recibida de Francia y de Suiza, países que se dirigieron a España tras comprobar que varias de las personas a las que estaban investigando por blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro residen y tienen importantes inversiones en nuestro país.
Así, la UDEF consideró que había «indicios suficientes» para investigar la actividad llevada a cabo en España por Luis Felipe y Enrique Martín Baca; Gabriela Puente Garaboa, Danilo Alfonso Díazgranados, Marie Caroline Boyer (mujer de Luis Felipe Baca) y Simon Verhoeven.
Según los investigadores franceses, una trama de sociedades ofrecía servicios financieros a personas consideradas sospechosas, vinculadas al Gobierno venezolano. Entre los clientes se encuentra, por ejemplo, Gilberto Morales, venezolano nacionalizado en España en 2019 y que ha comprado en el país una vivienda de 1,7 millones de euros a través de una sociedad panameña.
La UDEF destaca que también el FBI ha consultado a España sobre Morales por su posible participación en esquemas de corrupción de fondos públicos venezolanos procedentes de los programas estatales de distribución de alimentos subvencionados.
Además del blanqueo, las autoridades francesas y suizas apuntan a la venta de oro del banco venezolano a través de la sociedad de Emiratos Árabes llamada Noor Capital PSC, utilizando sociedades interpuestas con cuentas bancarias radicadas en Suiza, actividades sobre las que también ha aportado información EE. UU.
También relacionan a Baca y Verhoeven, con importantes inversiones inmobiliarias en Palma de Mallorca, con el venezolano Rodolfo Reyes, en trámites para conseguir la nacionalidad española y que, como teléfono de contacto en España, aportaba la línea fija de Plus Ultra. De hecho, controlaba el 56,8% de la aerolínea a través de la sociedad Snip Aviation.
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13937604/05/26/plus-ultra-desvio-16-millones-a-una-red-de-blanqueo-de-capitales-tras-recibir-el-primer-tramo-del-rescate.html
El propietario del piso de Maricarmen lamenta la «manipulación» política: «Así está España y el Estado de derecho»
Ricardo Alonso ofrece su versión a LM: «Sin la actuación del Sindicato, seguro que hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo con la Sra Abascal».
El desahucio de Maricarmen ha monopolizado la agenda política y mediática nacional esta semana. Hace tiempo que este caso ha dejado de ser una negociación entre propietarios e inquilina para convertirse en una batalla ideológica en la que el derecho a la propiedad privada estaba siendo quebrantado.
Instigada por el Sindicato de Inquilinas, la mujer de 87 años ha hablado con multitud de medios de comunicación para contar su versión del conflicto. La propiedad, en cambio, había optado por permanecer en silencio. Hasta esta semana.
Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble, se ha visto obligada a emitir varios comunicados ante la información inexacta y/o manipulada que se viene publicando estos días. Ahora, uno de sus administradores, Ricardo Alonso, ofrece su punto de vista a Libre Mercado.
La conversación con Alonso se produce después de que la empresa haya trasladado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para que Maricarmen vuelva al piso. Lo que plantea Urbagestión es ofrecer al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de incorporar el inmueble al programa Reviva de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y que la anciana pueda regresar «con una alternativa habitacional estable y asequible» proponen.
«Sin el Sindicato, hubiéramos alcanzado un acuerdo»
Sobre por qué no han llegado a alcanzar un acuerdo antes con su ex inquilina, Alonso responde que «con el lanzamiento en marcha y durante el procedimiento de ejecución no procedía ya alcanzar acuerdo. Primero por respeto al gran esfuerzo del Juzgado con este asunto, bien fundamentado jurídicamente, y con el máximo respeto a la inquilina. Segundo porque desde el Sindicato no han cesado en coacciones y amenazas desde hace tiempo, perjudicando e imposibilitando cualquier acuerdo».
El propietario del piso considera «evidente la intencionalidad y utilización política que subyace» en este conflicto. Tampoco duda en que la mujer, que llevaba 70 años disfrutando de un alquiler de renta antigua en el cotizado barrio madrileño de Retiro, «ha sido utilizada». Para Alonso, «las abogadas de la Sra Abascal trabajan para el Sindicato de Inquilinas y han actuado con evidente intencionalidad y dirección política. Buscando siempre el desborde legal».
El dueño del piso está convencido de que «sin la actuación del Sindicato y sus miembros seguro que hubiéramos alcanzado un acuerdo sencillo con la Sra Abascal». Sin embargo, «vistas las trampas nos llevaron a la desconfianza total».
«Acoso, coacciones y presión»
Esta desconfianza es la razón por la que «evitamos cualquier comunicación con la Sra Abascal» antes del desahucio «dada la intencionalidad que cualquier acercamiento conllevaba de manipulación». Añade que «en tal sentido, hemos respetado al máximo la relación con la Sra Abascal evitando cualquier actuación que diera lugar una interpretación» errónea.
El administrador de Urbagestión describe el «acoso, las coacciones y la presión» de estos momentos como algo «ilimitado e inimaginable». No duda en denunciar que los ataques provienen de «un coro coordinado desde grupos afines al Sindicato de Inquilinas, periodistas en línea y activistas radicales». A pesar de ello, cree que «una negociación de una Administración competente y razonable puede solucionarlo».
«Así está España y el Estado de Derecho»
Considera que estamos ante «el desborde del Estado de Derecho y el salto a intereses políticos a los que somos ajenos» y cree que «quizá una Administración más amable y cercana a los vecinos como la municipal pueda contribuir a una solución».
Alonso asegura que «el peaje que estamos pagando «es muy grande» para ellos. «Somos una PYME frente a Goliat y sus medios. Así está España, la libertad, la debilidad del Estado de Derecho y unas estructuras institucionales incapaces» concluye.
https://www.libertaddigital.com/libremercado/2026-09-26/el-propietario-del-piso-de-maricarmen-lamenta-la-manipulacion-politica-asi-esta-espana-y-el-estado-de-derecho-7466089/