Hace unos días, el gobierno de Pedro Sánchez desclasificó algunos documentos de inteligencia relativos a la invasión marroquí de Ceuta.
Una desclasificación que acabó resultando contraproducente para el gobierno.
Era evidente que el objetivo de esa desclasificación era reforzar la narrativa del gobierno de Sánchez , según la cual el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las unidades de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado no habían emitido alertas oportunas sobre esa incursión. Esta narrativa, propagada por el gobierno y sus medios aliados durante semanas , terminó provocando un enfrentamiento entre ministros después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, declarara el 25 de agosto: « El CNI cumplió con sus deberes y proporcionó la información necesaria ». Robles hizo esta declaración durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
La desclasificación de esos documentos acabó por volverse en contra del gobierno, al demostrar que, efectivamente, había recibido advertencias en los días previos al suceso. En consecuencia, La Moncloa lanzó una campaña de desinformación contra el CNI horas después de la desclasificación, en un intento por desacreditar al servicio de inteligencia español . Esta medida sin precedentes puso de manifiesto el nerviosismo del gobierno ante las posibles consecuencias penales de su tardía respuesta a los sucesos de Ceuta .
El gobierno mantiene clasificadas las fotos de la invasión migrante de Ceuta.
Tras esa desclasificación, algunos analistas señalaron que el gobierno no había divulgado toda la información confidencial sobre esa invasión migratoria , manteniendo ocultos documentos —especialmente aquellos que resultarían altamente controvertidos— para preservar su versión oficial de los hechos. En este sentido, ayer Isaac Blasco reveló en VozPópuli que el gobierno mantiene clasificadas las imágenes de esa invasión captadas por el CNI ; esto obliga al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional a adquirir costosas fotografías satelitales de empresas privadas, una medida que requeriría la aprobación del Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, miembro del PSOE (partido de Pedro Sánchez).
VozPópuli señala que « estas imágenes recopiladas por los servicios de inteligencia —en su mayoría procedentes de satélites militares españoles— no pueden ser entregadas a la Policía sin autorización expresa de la Moncloa ». El medio añade lo siguiente sobre el motivo del gobierno para mantener el material clasificado: «El Ejecutivo decidió ocultar estas fotografías, alegando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la verdadera motivación parece ser «impedir» que se incluyan en el informe elaborado por la Policía Nacional a petición del magistrado ». Una vez más, invocando la seguridad nacional como pretexto, Sánchez parece estar protegiéndose de posibles consecuencias legales derivadas de su negligencia en relación con Ceuta.
Sánchez abusa de una ley de la época franquista sobre secretos oficiales.
Vale la pena recordar lo que establece el artículo 2 de la actual Ley de Secretos Oficiales :
«A los efectos de la presente Ley, los asuntos, actos , documentos, información, datos y objetos podrán ser declarados ‘asuntos clasificados’ si su divulgación a personas no autorizadas pudiera dañar o poner en peligro la seguridad y la defensa del Estado .»
El objetivo de esta ley es proteger al Estado, no otorgar impunidad a un líder por cometer delitos. Sin embargo, esta situación no es nueva, ya que Pedro Sánchez lleva años abusando de ella , utilizándola, por ejemplo, para clasificar como secretos sus sospechosos vuelos oficiales a la República Dominicana e incluso el impacto contaminante de dichos vuelos , así como la frecuencia con la que ha utilizado esas aeronaves, a pesar de admitir abiertamente que las usa para asuntos personales ajenos a sus funciones como Primer Ministro. La mayor ironía reside en que la misma ley que Sánchez invoca con tanta frecuencia fue promulgada por la dictadura de Franco , un régimen que el actual gobierno socialista ha criticado en numerosas ocasiones, para luego terminar emulando sus prácticas de opacidad.
Why is Sánchez keeping photos of the Moroccan migrant invasion of Ceuta classified?
El Gobierno fija una estrategia para que la suspensión de la ley de nietos llegue cuanto antes al TC de Pumpido
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosCarlos Luján / Europa Press
Abogacía del Estado, en representación del INE, Junta Electoral Central y Fiscalía son los actores concernidos en los recursos contra el auto de medidas cautelares del Supremo que paralizó los efectos electorales de las nacionalizaciones de los descendientes de españoles en el exilio
Una de las preguntas clave desde que el Supremo paralizó, de manera cautelar, los efectos electorales de la denominada ley de nietos con la que, presuntamente, el Gobierno buscaba alterar el censo de votantes extranjeros (CERA), es si el Constitucional podría anular o neutralizar la decisión del Alto Tribunal, antes de las próximas generales. Y la respuesta es que el Ejecutivo socialista, más allá del relato oficial hacia la opinión pública, ya busca la fórmula para que la resolución de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo llegue cuanto antes a la Corte de Garantías, de mayoría izquierdista y encabezada por Cándido Conde-Pumpido.
No en vano, y desde que se conociese el sentido del auto dictado por mayoría en el Supremo, el Ministerio de Justicia anunciaba su intención de reactivar de nuevo el mecanismo diseñado a través de la instrucción dictada por Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, quien en estos días reconoció, de manera implícita, cómo su orden administrativa había ampliado los criterios previstos en una Ley Orgánica, excediendo la voluntad del legislador aprobada por el Parlamento.
Así las cosas, tanto la Fiscalía como la Junta Electoral Central (JEC), reunida de urgencia este mismo lunes, renunciaban a recurrir el auto de medidas cautelares del Supremo acatando su decisión en un gesto que, en el caso del Ministerio Público, se interpretaba como una forma de dejar pasar los procesos intermedios para que la escalada al TC sea lo más rápida posible. Lo que coloquialmente se llama perder una batalla para ganar la guerra.
De esta modo, el asunto de fondo llegaría a manos de Conde-Pumpido, sin oposición aparente y con mayor agilidad, por la vía del recurso ordinario que se activaba con la denuncia presentada por Iustitia Europa ante la propia JEC, el pasado mes de junio. Y ello, tras conocerse que hace unas horas Vox, como adelantó El Debate, movía ficha ante el Supremo para cerrar la puerta a una posible nulidad de las actuaciones si la JEC, por sus propios medios, o con la colaboración de Presidencia o Exteriores, no hubiese dado trámite, también, a los terceros particulares que podrían resultar afectados al congelarse su derecho fundamental de sufragio activo.
Lo cierto, sin embargo, es que cabe una solución acelerada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y pasa porque la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística -que, junto con la JEC y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, son los organismos comparecidos en el procedimiento- interponga, antes de cinco días, un recurso de reposición del artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ante el propio Supremo y frente su auto.
Un trámite obligatorio siempre que el Gobierno aspire a conseguir en el Constitucional medidas cautelarísimas contra las medidas cautelares y provisionales que, por el momento, han congelado el avance del denominado ‘pucherazo’. Es decir, la clave en esta lucha titánica ante los tribunales, por la transparencia de los procesos electorales en nuestro país, radica en los plazos que el Ejecutivo trata de avanzar para que el TC intervenga a su favor antes de las próximas elecciones generales, consciente de que el Alto Tribunal transformará en firme y definitiva la suspensión temporal de la aplicación de la llamada ley de nietos.
Para el Gobierno, la decisión del Supremo solo puede entenderse como un pulso político de los cinco magistrados de la Sala Tercera que apoyaron la suspensión cautelar instada por Iustitia Europa y Vox frente a los cálculos de Pedro Sánchez, por lo que en La Moncloa se da por descontado el sentido análogo de la sentencia final.
https://www.eldebate.com/espana/20260916/gobierno-fija-estrategia-suspension-ley-nietos-llegue-cuanto-antes-tc-pumpido_459047.html