Una nueva caída de la producción eólica obliga a Red Eléctrica a parar la industria por séptima vez en las últimas 10 semanas para evitar un apagón/Portugal prohibirá el acceso gratuito a la sanidad pública a extranjeros no residentes o en situación ilegal
El sistema eléctrico vuelve a desconectar a la industria ante un nuevo aviso provocado por el fuerte desajuste entre la producción eólica prevista y la que finalmente ha entrado en la red. Red Eléctricaha recurrido otra vez al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) para reducir temporalmente el consumo de grandes instalaciones industriales y mantener equilibrado el sistema.
En esta ocasión, el operador ha ordenado retirar alrededor de 943 MW de demanda industrial durante cerca de dos horas. La activación comenzó a las 21.16 horas y supuso dejar de consumir aproximadamente 1,634 GWh , la mayor cantidad de energía retirada mediante este mecanismo en las distintas intervenciones realizadas durante 2026.
El origen del problema vuelve a estar en la diferencia entre la generación eólica prevista y la producción real. Para las 21.00 horas se habían negociado en el mercado cerca de 9 GW de energía eólica , mientras que el programa definitivo manejado por Red Eléctrica rebajaba posteriormente esa previsión hasta unos 6,8 GW.
La producción efectiva terminó siendo todavía menor. A las 21.15 horas, los parques eólicos apenas aportaban unos 4,5 GW , y durante las dos horas siguientes la generación llegó a caer hasta aproximadamente 3,8 GW. La distancia entre los casi 9 GW inicialmente contratados y la producción finalmente disponible obligó al operador a buscar otras vías para ajustar oferta y demanda.
Con esta intervención, ya son siete activaciones del SRAD desde el pasado 15 de julio , una frecuencia poco habitual en el sistema eléctrico español. A ellas hay que agregar la operación ejecutada en enero, cuando prácticamente toda la industria adherida al servicio tuvo que reducir su consumo. Como referencia, durante todo 2025 el mecanismo no llegó a activarse y desde 2022 sólo se había empleado en cinco ocasiones.
La compensación fijada para esta última desconexión industrial se situó en 116 euros por MWh , el nivel más bajo abonado hasta ahora a las empresas por detener temporalmente su actividad dentro de este servicio.
Red Eléctrica sostiene, no obstante, que el suministro eléctrico no estuvo en riesgo en ningún momento . Además de recurrir al SRAD, el operador ajustó también el funcionamiento de los ciclos combinados, que redujeron su carga en alrededor de 1.000 MW.
La intervención coincidió además con una jornada especialmente cara en el mercado mayorista. El precio medio de la electricidad se acercó a los 200 euros por MWh , su nivel más alto de los últimos tres años, mientras que en determinadas horas el precio del ‘pool’ alcanzó aproximadamente los 280 euros por MWh.
El Gobierno de Portugal ha lanzado una nueva iniciativa para endurecer el acceso gratuito de los extranjeros al sistema público de salud, especialmente en el caso de quienes no residan legalmente en el país o se encuentren en situación irregular. La propuesta obligaría a estos pacientes a pagar por la atención recibida o a acreditar que cuentan con un seguro, un convenio internacional u otra fórmula de cobertura sanitaria.
La medida ha sido presentada en la Asamblea de la República por el Partido Social Demócrata (PSD), formación del primer ministro Luís Montenegro, junto a su socio de Gobierno, el democristiano CDS-PP. Ambos partidos plantean modificar la Ley de Bases de Salud para redefinir quién puede beneficiarse del Servicio Nacional de Salud (SNS).
El proyecto mantiene el acceso a la sanidad pública para los extranjeros que permanezcan regularmente en Portugal, pero introduce nuevas condiciones para quienes no tengan residencia legal. En esos casos, la asistencia dejaría de ser gratuita con carácter general y el paciente tendría que asumir su coste o demostrar previamente que existe otra entidad responsable del pago.
La reforma contempla una excepción para los casos de urgencia médica o riesgo vital, en los que la atención seguiría prestándose con independencia de la situación administrativa del paciente. Posteriormente, sin embargo, se exigiría la documentación necesaria para determinar quién debe asumir el coste.
PSD y CDS-PP quieren además reforzar los mecanismos para identificar al responsable económico de cada asistencia y facilitar posteriormente el cobro. El texto abre la puerta a fórmulas como garantías económicas o pagos anticipados en determinados supuestos.
Los partidos del Ejecutivo justifican la iniciativa con datos de la Inspección General de Actividades en Salud. Según las cifras que manejan, alrededor de 330.000 extranjeros no residentes fueron atendidos en las urgencias hospitalarias portuguesas entre 2021 y septiembre de 2024. Más de 140.000 de ellos, sostienen, no disponían de seguros ni de acuerdos internacionales que cubrieran los gastos derivados de la asistencia.
Los promotores de la reforma también aseguran que Portugal está registrando un aumento de ciudadanos extranjeros, especialmente procedentes de países de fuera de la Unión Europea, que viajan al país para recibir tratamientos a través del sistema público. Ese fenómeno es uno de los argumentos esgrimidos para modificar las condiciones actuales.
La propuesta ha provocado críticas de la oposición. El Partido Comunista Portugués (PCP) rechazó este domingo el planteamiento y acusó al Gobierno de centrar el debate en los extranjeros para evitar abordar, a su juicio, problemas estructurales del SNS como la falta de profesionales y la insuficiencia de inversión.
No es la primera vez que PSD y CDS-PP impulsan una reforma de estas características. Una iniciativa similar llegó a superar una primera votación durante la legislatura anterior con el apoyo de Chega, aunque su tramitación quedó paralizada tras la convocatoria de elecciones anticipadas.
El nuevo texto, registrado el pasado 25 de septiembre, retoma ahora aquel planteamiento con algunos cambios. La propuesta se enmarca además en un contexto de mayor presión política sobre la inmigración en Portugal, donde el fuerte crecimiento de la población extranjera ha situado esta cuestión entre los principales asuntos del debate nacional.